I JORNADAS DE LA ABOGACÍA CANARIA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA, ASILO Y DERECHOS HUMANOS

 

 

Canarias es lugar de destino de muchas personas extranjeras, habiéndose incrementado notablemente el número de llegadas a nuestro territorio en los últimos años debido a una multitud de factores y circunstancias.

De igual forma, somos una Comunidad Autónoma eminentemente receptora de población comunitaria y extracomunitaria debido  al turismo, recibiendo en el 2016 una cifra récord de 13,3 millones de turistas del extranjero. Mucha de esa población comunitaria, tras conocer las “bondades” de nuestras islas, deciden quedarse.

También somos, por nuestra historia de emigración, destino de personas extranjeras con vínculos familiares de nacionalidad española, que deciden regresar y quedarse temporal o definitivamente, debido a situaciones de  inestabilidad en los países de procedencia.

Por otro lado, la cercanía al continente africano supone que seamos la puerta de entrada para miles de subsaharianos/as a la Unión Europea. Contamos en nuestras Islas con dos “Centros de Internamiento de Extranjeros”, tan discutidos por la sociedad civil, personal experto e incluso profesionales que trabajan por garantizar los derechos fundamentales de quienes están  internos (judicatura), que nos obligan moralmente a abordar la defensa de los derechos fundamentales de las personas que son internadas en estos establecimientos “quasi-carcelarios”. Se debe en este contexto garantizar el derecho a solicitar asilo y refugio por todos los motivos consagrados en nuestra Ley de Asilo y las Convenciones internacionales. Debemos ser especialmente diligentes con menores extranjeros y extranjeras no acompañadas y los procedimientos de determinación de la edad.

La especial situación que vive Venezuela nos toca de lleno, pues Canarias por sus vínculos con la llamada “Octava Isla”, acoge un incremento de personas procedentes de ese país, que se acogen a las vías “legales” que le ofrece nuestro ordenamiento para quedarse. Estas vías no cumplen en muchas ocasiones las expectativas de estas personas, pues una interpretación restrictiva de las mismas o flexibles en otras ocasiones, dejan en desamparo a cientos de ciudadanas y ciudadanos venezolanos. La vía de la solicitud de asilo y la admisión de la misma para muchos está suponiendo disfunciones, retrasos y una interpretación de su estatus por parte de la Administración en su acogida que está acarreando problemas legales y por ende vulneración de los derechos de las personas solicitantes de asilo.

La interpretación restrictiva del derecho a la vida familiar en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017, deja en el limbo legal a miles de familiares de españoles emigrantes retornados, entre ellos  familiares de nacionalidad española de origen venezolano.  

Las recientes exenciones de visados de entrada en Europa a nacionales de países con tradición migratoria hacia España y concretamente a Canarias, ha supuesto el incremento de entrada de nuevas personas extranjeras de  nacionalidad colombiana y peruana.

De igual forma, la obtención de la nacionalidad española de las personas extranjeras que han convivido con nosotros durante años, supone un aumento de las reagrupaciones de familiares directos e incluso de la familia extensa. La consagración formal en la normativa comunitaria interna de la familia extensa, ha supuesto un efecto llamada para todos los familiares de estas personas nacionalizadas.

El auge de la prostitución en zonas turísticas y en las principales ciudades del archipiélago, supone que muchas mujeres extranjeras se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, sufriendo como víctimas de violencia de género o como víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. Debemos abordar y garantizar procedimientos de detección, defensa y denuncia para que todas estas mujeres que sufren esta intolerable violencia puedan restablecer su dignidad y evitar la impunidad de los agresores.

En este contexto, la abogacía de Canarias tiene que dotarse de protocolos de intervención letrada en todos estos ámbitos de actuación y por ello debemos empaparnos de las experiencias de otros Colegios de Abogados del resto de España, así como instaurar las directrices del Consejo General de la Abogacía Española en la actuación letrada, siendo a la vez actores activos, por nuestra experiencia, en la mejora del trabajo que se está realizando por la abogacía española.

 

METAS A CONSEGUIR:

 

Las primeras Jornadas de la Abogacía Canaria en materia de Extranjería, Asilo y Derechos Humanos quiere aunar a los Colegios de Abogados de las Islas para conocer las experiencias de cada uno de ellos, así como establecer lazos de unión y trabajo conjunto en aras de mejorar la actuación letrada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por ende garantizar los derechos de las personas migrantes que entran en nuestras islas y que deciden establecerse.

Las Jornadas deben ser un espacio de discusión, de búsqueda de soluciones y garantías jurídicas a todas las personas extranjeras que lo necesiten y especialmente a colectivos especialmente vulnerables, incidiendo en cuestiones que les afectan directamente, como la protección de la familia (vida familiar), al derecho al acceso al procedimiento de asilo, como la situación jurídica de menores extranjeros y extranjeras no acompañadas y la protección jurídica a las mujeres extranjeras víctimas de cualquier tipo de agresión.

 

Para ello, estas Jornadas van a conectar a juristas que trabajan los problemas objeto de estudio desde diferentes posiciones: profesionales de la abogacía, la judicatura  y académicos/as, con un interés destacado en dar a conocer a la abogacía los mecanismos jurídicos para poder hacer uso de instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial, el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se trata de facilitar el contacto con aquellos profesionales que facilitan el trabajo de la abogacía, como personal intérprete, de la psicología, de la educación social y mediación, entre otros, que sean facilitadores de la comunicación con las personas extranjeras que lo necesiten, en aras a responder adecuadamente en los procesos judiciales y administrativos en los que intervengan, garantizándoles sus derechos y expectativas.

Debe ser un foro en donde se traten todos los asuntos desde la perspectiva de los derechos humanos. Debemos contar, colaborar y retroalimentarnos de las propias experiencias de las personas extranjeras (darles voz) y del trabajo y buenas prácticas de todas aquellas técnicas que trabajan en exclusión social y con personas inmigrantes, tanto en la Administración pública, como en las ONGs, para mejorar nuestros servicios como profesionales de la abogacía.

La abogacía canaria debe ser impulsora, junto a las Administraciones Públicas Canarias, de protocolos de protección de colectivos vulnerables para garantizar la coordinación con  agentes que estén en contacto con personas inmigrantes y garantizar los derechos fundamentales de estas personas. Ejemplo de buena práctica, impulsada en su día por la abogacía canaria, es el Protocolo Interinstitucional de Intervención con Víctimas de Violencia de Género Extranjeras, suscrito por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo de Tenerife (IASS), aún vigente en la actualidad.

La abogacía canaria tiene que colaborar con las universidades para promover aulas de derechos humanos, clínicas jurídicas, y la formación práctica a futuros profesionales. Queremos participar de la mano con el Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos y sus grupos políticos, para el estudio del fenómeno de las migraciones y los derechos humanos, y promover iniciativas legislativas que faciliten la integración de las personas migrantes y promuevan la cohesión social y la igualdad para evitar episodios de racismo y xenofobia en nuestra sociedad.

En definitiva, las Jornadas deben ser el marco de encuentro para futuras iniciativas que mejoren el servicio que prestan los Colegios de Abogados de Canarias y ser foro de encuentro de profesionales, alumnado y profesionales de la abogacía con interés  en la materia.

 

ALGUNOS DATOS:

 

Las cifras de personas extranjeras en Canarias

En Canarias, las personas extranjeras representan el 12% del total de la población, de los cuales 151.304 tienen nacionalidad de algún estado europeo y 95.000 son extracomunitarios. En la actualidad, debido a nuestra historia de emigración y los sucesos que están acaeciendo en Venezuela, se ha incrementado la presencia de personas españolas de origen, emigrantes junto con sus familiares extra-comunitarios, así como de la comunidad venezolana. Según el censo del Instituto Canario de Estadística, hay alrededor de 9.500 con nacionalidad venezolana y casi 10.000 con nacionalidad cubana  conviviendo con  nuestro pueblo (datos al 01/01/2017 del Instituto Canario de Estadística).

Canarias es la segunda Comunidad que ha experimentado durante el 2016 un aumento relativo de población extranjera (0,92%), superior a la experimentada por ejemplo, en la Comunidad de Madrid (0,80%).

Entre las 20 nacionalidades con mayor flujo migratorio, Colombia y Venezuela presentaron los mayores saldos migratorios positivos. De las 15 nacionalidades con mayor flujo inmigratorio, destacan los incrementos relativos en número de llegadas a España de la colombiana (un 143,9% más que durante 2015) y la venezolana (un 75,3% más).

Un total de 62.572 personas con nacionalidad española procedentes del extranjero establecieron su residencia en España durante 2016. Más de la mitad (35.348) nacieron fuera de España. Casi la totalidad de esta población tiene familiares extracomunitarios que desean en su proyecto vital asentarse o reunirse con su familia española.

 

El saldo migratorio canario en 2016, el más alto desde 2008

 

Según la estadística de variaciones residenciales, que contabiliza las altas y bajas en los padrones municipales, en 2016 el saldo migratorio en Canarias fue de 19.729 inmigraciones más que emigraciones. Se rompió la tendencia decreciente de años anteriores, especialmente con 2015, que registró el único saldo negativo de la serie histórica, 4.345 más salidas que entradas por cambio de residencia en Canarias. Los saldos migratorios fueron positivos en todas las islas: Tenerife (12.357), Lanzarote (2.510), Fuerteventura (2.408), Gran Canaria (1.546), La Palma (546), La Gomera (245) y El Hierro (117).

 

Mujeres víctimas de violencia de género

Son 38.018 las mujeres que durante el primer trimestre de 2017 aparecen como víctimas de la violencia machista en las 40.509 denuncias presentadas en los órganos judiciales entre enero y abril, 18,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 70% de las víctimas eran españolas y el 30%, extranjeras.

 

La trata de mujeres para explotación sexual

La trata de personas para fines sexuales provocó el año pasado la identificación en España de casi 14.000 víctimas, lo que se considera como una tercera parte de las mujeres captadas por redes u organizaciones, un negocio que mueve 5 millones de euros al día en nuestro país. Estos datos han sido dados a conocer por José Nieto Barroso, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la UCRIF (Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional. En 2016 “se identificaron ejerciendo la prostitución a casi 14.000 personas, un 95% mujeres” en lugares como clubes de alterne, pisos o polígonos industriales.

 

 

Público objetivo: profesionales de la abogacía y personal de las administraciones públicas que trabajan con personas inmigrantes, con mujeres en situación de violencia, o en políticas de igualdad y solicitantes de refugio y asilo. Alumnado de la Universidad de La Laguna, especialmente del grado en Derecho. Público en general.

 

Tarifas:

Ordinaria: 30€.

Abogados/as del Ilustre Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife: 25€.

Alumnado de ULL y desempleados: 10€.